En Córdoba todavía no hay fecha de elecciones para suceder a Juan Schiaretti, quien transita su tercer período no consecutivo. Sin embargo la polémica está puesta en el pedido de intendentes que presionan para que se modifique el artículo 7 de la Ley 10.406: se trata nada más y nada menos de la prohibición de ir por la re-reelección de jefes comunales, concejales, tribunos de cuenta y legisladores provinciales.
El radical Daniel Salibi es quien encabeza esta “lucha”. Gobierna el municipio de Mendiolaza (ubicado a 26 kilómetros de la Capital) desde el año 1999 ininterrumpidamente. Como él hay otros que no podrán presentarse en las elecciones del próximo año y los pone en un nivel de desesperación inédita, al punto que hay duros cruces entre los impulsores de la re-re y los legisladores de la Unión Cívica Radical que ya se expresaron en contra de la reforma.
Mientras tanto el PRO con la firma de las diputadas Adriana Ruarte y Laura Rodríguez Machado; la senadora Carmen Álvarez Rivero y la adhesión de dirigentes de toda la provincia, emitió un comunicado donde rechaza cualquier “modificación o interpretación legal” de la Ley en cuestión.
Los peronistas cordobeses son los más interesados en que la ley cambie y les habilite otro período ya que ponen en juego casi 200 intendencias. Pero, astutos como siempre, no quieren cargar con el costo político y necesitan de la oposición; caso contrario todo seguirá igual como ordenó Schiaretti.
Otro punto en cuestión en la agenda política es qué sucederá con Juntos por el Cambio: mientras Luis Juez resiste la firma de un reglamento, el radical Rodrigo De Loredo amaga con la candidatura a gobernador por el mismo espacio que Juez. Aquí no hay PASO y todos temen, en especial desde el juecismo, que una eventual interna abierta será para que el PJ “meta la cola” con todo el aparato político y “elija” con quien competir.
Lo cierto que entre la desesperación de ir por otro período al frente de un municipio o quién será la cara de Juntos por el Cambio para enfrentar a Martín Llaryora (PJ) en 2023, la política se aleja más de los problemas reales de la gente. Porque, en un mes se cometieron 14 homicidios en distintas circunstancias; los médicos de hospitales públicos le sacudieron el piso de El Panal (sede del Ejecutivo provincial) en reclamo de mejoras salariales y la presión de organizaciones sociales si bien es para el Gobierno Nacional, no deja de preocupar a las autoridades locales porque una vez pasado el mundial (como distracción), la inflación se notará al momento de las compras navideñas y no hay dudas que solo basta una chispa para que se desencadene lo que nadie quiere: un estallido.
Aferrados al poder, solo por capricho, un sector de la política se aísla de una sociedad que padece las consecuencias de dirigentes que llegan a cargos para creerse dueños y pisotear los principios de la democracia y la república.
