En las últimas semanas el poder político de Córdoba se ve sacudido por un escándalo cuya onda expansiva alcanza a la oposición. Es que después de 23 años en el poder provincial, el peronismo cordobés comienza a emitir olores putrefactos y no hay nada que oculte lo que durante tantos años se escondió.
El legislador y Presidente provincial de la Unicameral, Oscar González, protagonizó un accidente en el Camino de las Altas Cumbres, ubicado en el Valle de Traslasierra donde tiene su residencia. Murió una docente conocida en la zona y dos mujeres más terminaron gravemente heridas; una de ellas tiene apenas 14 años y quedó parapléjica.
Pero la indignación se multiplicó y el hecho tomó repercusión cuando se conocieron detalles: el BMW conducido por González es un vehículo judicializado, que debería ser utilizado con fines oficiales algo que en principio no lo estaba haciendo; al volcar en el choque, personas sustrajeron bolsos que el abogado de legislador dice que solo contenía ropa sucia: ¿por qué entonces la urgencia de sacar esos bolsos cuando el cuerpo de la fallecida aún estaba en el lugar si solo era ropa? Más tarde se conoce que el carnet de conducir del “hombre del oeste” fue renovado en otro municipio pese a tener una larga lista de multas por exceso de velocidad. Ah, el detalle: el lujoso auto tenía una patente clonada.
González tenía cuatro vehículos de alta gama (judicializados) a disposición y el combustible era pagado con dinero público, como si el sueldo no le alcanzara. Pero resulta que no solo él tenía este privilegio sino que otros compañeros de la bancada peronista lo gozaban. El débil comunicado de la oposición se puede explicar porque Orlando Arduh (UCR), Juan Jure (UCR) y Darío Capitani (PRO) también disponían de estos vehículos otorgados por la Justicia.
Lamentablemente una persona tuvo que morir para destapar la trama de privilegios e impunidad con la que algunos transitan.
Se pidió la expulsión de González de la Legislatura, pero por el momento solo se aprobó la licencia hasta mayo de 2023, cuando se especula, haya pasado la campaña por la gobernación. Así, con esa frialdad especulan los dueños del poder provincial.
Ese mismo poder es el que silenció el caso del médico trucho de Río Cuarto que integró el COE durante la pandemia. Es el mismo que cubrió, hasta que se le hizo insostenible al Gobierno, a dos ministros: Alfonso Mosquera (Seguridad) y Diego Cardozo (Salud) que sobre ellos cargan las muertes de Valentino Blas Correa y los bebés del Hospital Neonatal, respectivamente.
Como si fuera poco, los médicos se le plantaron en un justo reclamo salarial y amenazaron con renuncias masivas en hospitales públicos. La ciudadanía lejos de expresar malestar por perder turnos debido a las asambleas y paros, mostró adhesión al pedido de los empleados de la salud. Además los recientes casos de inseguridad han dejado cuatro muertos en cuestión de días. Juan Schiaretti está asfixiado por esta situación y no hay pauta oficial ni obras que oculten el resquebrajamiento de un modelo agotado. ¿Será este el fin del populismo cordobés disfrazado de buenos modales?