No lo ocultan. No lo disimulan. Es claro que a los dirigentes sociales no les importan los pobres. Los usan. Los tienen de rehenes. Los sentencian a vivir perpetuamente en la sumisión.
Ayer a la mañana quedo en evidencia como, quienes supuestamente bregan por el derecho de los humildes, en realidad los utilizan como un negocio propio. Fue el legislador porteño, Roberto García Moritán, quien dejó al descubierto esta situación. Cuando el dirigente de Republicanos Unidos se acercó a dialogar con la gente que pertenece a las organizaciones sociales en plena manifestación, los que estaban allí le pedían fotos. Esto causo estupor en el líder del Polo Obrero, Belliboni, quién inmediatamente al ver esa situación empezó a dar órdenes de no acercarse a Moritán dado que según el es un “cheto”.
Es verdaderamente una tragedia lo que se vive en este país. Miles y miles de argentinos no son libres. Prácticamente son esclavos.
Los planes sociales nacieron con la crisis del 2002 y la razón de ser era entendible. Más del 50% de los argentinos estaba bajo la línea de pobreza y el clima social ameritaba una contención urgente. Hoy, la foto es la misma. La pobreza, la indigencia y el hambre se agudizan cada vez más.
El problema radica en una cuestión fundamental. La gente mas necesitada se ve obligada a participar de los cortes y piquetes porque si no lo hacen, los ceo´s de la pobreza les sacan lo mínimo que reciben. A su vez, también salió a luz como los lideres de las organizaciones les retienen un 2% a quienes supuestamente dicen representar. Moralmente inaceptable.
Sin embargo, el oficialismo en vez de pensar como transformar dichos planes en fuentes de trabajo genuinas, tiene un solo objetivo: cambiar de cajero. Es decir, Cristina Kirchner con duras declaraciones hacia los movimientos por estas horas propone que el dinero para la ayuda social la manejen los intendentes. Plan platita reloaded.
Cristina sabe que su base electoral más fuerte se concentra en el conurbano bonaerense donde justamente existe la mayor demanda social. Darles la caja y el poder a los intendentes le asegura una fidelidad absoluta de cara al 2023.
Es verdaderamente una situación calamitosa, lamentable por donde se lo mire. El derecho a un trabajo digno es un derecho humano y tanto los dirigentes sociales como el oficialismo son cómplices de la violación permanente de dicho derecho. Será tarea del próximo gobierno reencausar esta situación. Requerirá de un enorme coraje y convicción terminar con la esclavitud de los pobres y darles la posibilidad de ser libres. No será fácil pero si será imperioso.